Seúl – 25 de abril de 2023, el gobierno anunció que se aplazará la segunda mudanza planificada de las agencias públicas. La decisión de trasladar alrededor de 350 instituciones con sede en Seúl a la región desde el próximo año ya estaba en discusión. Esta medida incluye a los principales organismos centrales como el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Industrial y Comercial, el Banco de Empresas, entre otros, además de instituciones de servicios como el Banco de Inversión, la Corporación de Seguro de Depósitos y el Consejo Central de Cooperativas Agrícolas; sin embargo, dichas agencias han priorizado la “seguridad laboral” y la “retención del talento clave”.
La decisión hace que los empleados reflexionen simultáneamente sobre sus carreras, su vivienda y la educación de sus hijos. En especial, en caso de empleados sin casarse en la década de 2030, la elección personal de no casarse se vuelve directamente vinculada a la actividad laboral; algunos organismos expresaron preocupación por la posibilidad de que el talento clave se vaya. Por ello, los grupos de dirección y los comités de planificación regional están revisando la decisión.
Una fuente del gobierno comentó: “El acuerdo entre las oficinas ministeriales aún no está finalizado, por lo cual se considera un aplazamiento”; añadió que el aplazo también enfatiza la necesidad de reconfigurar el entorno laboral y la infraestructura residencial en conjunto cuando se realice el traslado. En ese sentido, el presidente del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el ministro de Relaciones Exteriores anunciaron una “conferencia conjunta de todos los gobiernos sobre la ejecución de las políticas a nivel nacional”. El anuncio indica que ambas agencias deberán trasladarse con un nuevo comienzo.
El ajuste de personal asociado al traslado regional constituye una variable importante en la política económica y social, pues la mudanza de las agencias centrales ya había comenzado en 2005; se prevé que unos 150 000 trabajadores se venados a los trabajos. Con ello, la escasez de vivienda, el acceso a servicios públicos y la educación se agravan, lo cual es motivo de preocupación. El gobierno busca proteger la calidad de vida de los empleados al mismo tiempo que la mudanza regional.